- Las cláusulas sociales recogen criterios de accesibilidad en el proceso de licitación, adjudicación y ejecución en la contratación pública
- El sector público es uno de los más importantes del sector TIC, por lo que debe ser también influyente en las empresas de tecnología
- Todavía existen personas con discapacidad que tienen problemas para acceder a la educación por la brecha digital
La accesibilidad será un criterio vinculante para la adjudicación de contratos públicos cuando se apliquen las indicaciones de la Directiva 2014/24 de Contratación Pública que reclama la UE, según se puso de manifiesto en el 7º Congreso Nacional CENTAC de Tecnologías de la Accesibilidad.
El director general de Contratación, Patrimonio y Organización del departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Bernal, hizo hincapié en el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que se encuentra en proceso de aprobación, “recoge cláusulas de obligado cumplimiento para llevar a cabo una adjudicación”. De la misma manera, alegó que “la accesibilidad no es solo una cláusula social, es un criterio vinculante más allá de las consideraciones económicas para decidir una adjudicación”.
Asimismo, Bernal indicó que según la directiva 2014/24, que se transpondrá próximamente en la Ley de Contratos del Sector Público, “menciona en 11 ocasiones el término ‘accesibilidad’ y lo hace especialmente a la hora de definir las prescripciones técnicas del contrato o los criterios de ejecución”.
El director de la Unidad de Negocio Industria y Administración Pública de Norma 4 (Grupo Aubay), Federico Traspaderne, moderó una mesa sobre contratación pública en la cual indicó que “el sector público es uno de los clientes más importantes y puede decirse que también es el más influyente para las empresas de tecnología”.
En este sentido, Traspaderne indicó que desde abril “se genera un nuevo escenario debido a la obligatoriedad de cumplir con cláusulas sociales en la contratación pública”, al entrar en vigor una directiva europea (2014/23 de 26 de febrero) de obligado cumplimiento.
Traspaderne subrayó la obligatoriedad de incluir criterios de accesibilidad y usabilidad en las convocatorias públicas de bienes, productos y servicios tecnológicos; lo cual beneficiará a las personas y generará una mayor eficiencia en la gestión pública.
Elena Muñoz, de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, indicó que “con el alto volumen de contratos dependientes de la Administración Pública, este puede ser un motivo para que todas las empresas y personas se vayan moviendo para adaptarse a los criterios de accesibilidad”. En este sentido, indicó que “uno de los grandes avances que se han producido con el Estándar Europeo de Accesibilidad y el resto de normas que promueven estas políticas “es un sistema de verificación fiable y un modelo de reporte periódico para que realmente sepamos si aquellos a quienes se adjudica un contrato cumplen con todos los requisitos de accesibilidad”, mencionó.
El gerente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable, Francisco Javier Blanco Díez, puso de relieve “que las cláusulas sociales son ya tenidas en cuenta por muchas empresas que deberían ser escuchadas porque trabajan su responsabilidad social”.Mencionó, así, las “políticas de inclusión, de integración, conciliación y discapacidad” como los grandes cambios que se han producido en los últimos años gracias a la aprobación de las distintas normativas.
Fuente: Centac. 7º Congreso.