El Pleno del Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado la nueva Ordenanza de Conservación, Reparación y Rehabilitación de inmuebles, que recoge en un único reglamento local las distintas regulaciones vigentes, tanto a nivel estatal como autonómico, respecto al mantenimiento de edificios. prestando especial atención a la Inspección Técnica de Edificios (ITE).

De esta forma, la nueva ordenanza sustituirá a la anterior, aprobada en 1991, proporcionando una normativa más completa.

El documento final, que ha contado con participación ciudadana, recomienda que todos los inmuebles posean un Libro de Edificios, para facilitar su conservación y mantenimiento.

Esa ordenanza provoca que el 60% de los edificios de Bilbao, tendrán que ir a examen

La nueva ordenanza presta especial atención a la normativa autonómica en materia de ITE, un informe que describe el estado de conservación de los inmuebles y debe presentarse ante instancias municipales. Así, cerca de 1.300 edificios residenciales de Bilbao con más de 50 años de antigüedad deberán realizar la Inspección Técnica de Edificios durante 2016 y, de acuerdo con el calendario municipal, antes de 2.018 están obligados a pasarla más de 7.000 inmuebles, sobre el el 60% de los edificios de Bilbao.

La obligación de presentar la ITE corresponde a los propietarios de los edificios y debe contener una descripción general del estado general de elementos que componen la edificación: estructura, cimentación, fachadas, cubiertas e instalaciones; además de incluir el listado de obras necesarias para la reparación de las deficiencias observadas.

Además, dicho documento debe completarse con un informe sobre su accesibilidad y un certificado de la eficiencia energética del inmueble, y sólo puede ser realizado por personal técnico con titulación en arquitectura superior o técnica. Como último paso, la ITE ha de ser presentada ante el Ayuntamiento de Bilbao, quien a su vez lo remitirá al departamento competente en vivienda del Gobierno Vasco.

Una vez más Bilbao a la cabeza de las ciudades con cuidado especial de la Accesibilidad

La accesibilidad será un criterio vinculante para la adjudicación de contratos públicos cuando se apliquen las indicaciones de la Directiva 2014/24 de Contratación Pública que reclama la UE, según se puso de manifiesto en el 7º Congreso Nacional CENTAC de Tecnologías de la Accesibilidad.

El director general de Contratación, Patrimonio y Organización del departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Bernal, hizo hincapié en el anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que se encuentra en proceso de aprobación, “recoge cláusulas de obligado cumplimiento para llevar a cabo una adjudicación”. De la misma manera, alegó que “la accesibilidad no es solo una cláusula social, es un criterio vinculante más allá de las consideraciones económicas para decidir una adjudicación”.

Asimismo, Bernal indicó que según la directiva 2014/24, que se transpondrá próximamente en la Ley de Contratos del Sector Público, “menciona en 11 ocasiones el término ‘accesibilidad’ y lo hace especialmente a la hora de definir las prescripciones técnicas del contrato o los criterios de ejecución”.

El director de la Unidad de Negocio Industria y Administración Pública de Norma 4 (Grupo Aubay), Federico Traspaderne, moderó una mesa sobre contratación pública en la cual indicó que “el sector público es uno de los clientes más importantes y puede decirse que también es el más influyente para las empresas de tecnología”.

En este sentido, Traspaderne indicó que desde abril “se genera un nuevo escenario debido a la obligatoriedad de cumplir con cláusulas sociales en la contratación pública”, al entrar en vigor una directiva europea (2014/23 de 26 de febrero) de obligado cumplimiento.

Traspaderne subrayó la obligatoriedad de incluir criterios de accesibilidad y usabilidad en las convocatorias públicas de bienes, productos y servicios tecnológicos; lo cual beneficiará a las personas y generará una mayor eficiencia en la gestión pública.

Elena Muñoz, de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, indicó que “con el alto volumen de contratos dependientes de la Administración Pública, este puede ser un motivo para que todas las empresas y personas se vayan moviendo para adaptarse a los criterios de accesibilidad”. En este sentido, indicó que “uno de los grandes avances que se han producido con el Estándar Europeo de Accesibilidad y el resto de normas que promueven estas políticas “es un sistema de verificación fiable y un modelo de reporte periódico para que realmente sepamos si aquellos a quienes se adjudica un contrato cumplen con todos los requisitos de accesibilidad”, mencionó.

El gerente del Foro de la Contratación Socialmente Responsable, Francisco Javier Blanco Díez, puso de relieve “que las cláusulas sociales son ya tenidas en cuenta por muchas empresas que deberían ser escuchadas porque trabajan su responsabilidad social”.Mencionó, así, las “políticas de inclusión, de integración, conciliación y discapacidad” como los grandes cambios que se han producido en los últimos años gracias a la aprobación de las distintas normativas.

Fuente: Centac. 7º Congreso.